Por una Ley del Menor adulta

Han cambiado mucho las cosas en los últimos doce años en lo que respecta a la aplicación de Ley del Menor. En ese tiempo, las conquistas en lo referido al procedimiento y a las garantías de las víctimas y los infractores han sido numerosas. Pero aún queda mucho camino por recorrer.

Y en eso se mostraban de acuerdo todos los que anoche participaron en una mesa redonda que tuvo lugar en la facultad de Económicas y Empresariales de Cádiz. El acto, titulado Niños peligrosos o niños en peligro, estuvo organizado tanto por el Colegio de Abogados, allí representado por su decano, José Manuel Jareño, y por su abogado coordinador de Menores, Joaquín Olmedo, como por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), representado por Rafael Lara. Y como invitada al debate, la magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Cádiz, Ana Jesús Rodríguez Mesa.

Dos posturas, la oficial y la oficiosa. La oficial estuvo defendida por la jueza Rodríguez Mesa, que destacó la agilidad y la rapidez como uno de los principios básicos de la aplicación de la Ley del Menor para así evitar que prescriban los delitos sin que se les aplique a los infractores ningún tipo de medida correctora ni educativa. "Además, se pueden dar muchas circunstancias para que se paralice el proceso y se deje sin efectos las medidas", según argumentó la magistrada.

Y por fin habló de que la respuesta de las instituciones debe ser la de poner medios para evitar algunas disfunciones en el proceso.

Todos de acuerdo en ese punto. Y así lo demostró y lo argumentó de manera brillante el coordinador de Menores del Colegio de Abogados y abogado de la APDHA, Joaquín Olmedo.

Este letrado se remontó al momento histórico en el que entra en vigor la Ley del Menor. Coincide en el tiempo con la puesta en funcionamiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que acaparó no sólo todas las miradas del sector sino también todos los recursos de la Junta para su buen funcionamiento. Y la del Menor quedó a un lado, según defendió Olmedo. Y como resultado, la Junta de Andalucía no cuenta, por ejemplo con centros de menores públicos sino que se ve obligada a conveniar con entidades privadas (aunque sin ánimo de lucro) la aplicación de muchas medidas correctoras y educativas.

He ahí uno de los problemas que los ponentes consideran más graves. Ante eso, Olmedo contó con el convincente y mudo asentimiento por parte del José Manuel Jareño cuando se expresó con un contundente: "A ver si la Junta nos pone medios. Nos preocupa que prescriban las medidas. Eso sí es un fracaso del sistema", asevero Joaquín Olmedo.

"Lo que invertimos en nuestros menores lo invertimos en el futuro de nuestra sociedad. Merece la pena poner dinero", dijo Olmedo.